C84 | El Real Decreto de Envases, a debate

Rosa Galende, C84
C84 – Nº 242 – DICIEMBRE AECOC

De que las empresas del gran consumo están comprometidas con un futuro más circular y sostenible no cabe ninguna duda. Prueba de ello son las múltiples iniciativas que en este ámbito están llevando a cabo desde hace ya años. Comparten, por ello, el espíritu general del Real Decreto de Envases que prepara el Gobierno y que está previsto se apruebe el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, se cuestionan los plazos y la idoneidad de algunas medidas que podrían amenazar no solo la recuperación económica sino también la competitividad y continuidad de algunas empresas.

Ecoembes y C84 han organizado un debate con destacados profesionales del sector del gran consumo con el fin de analizar el Proyecto de Real Decreto de Envases y su posible impacto en las empresas.

En la imagen de izda. a derecha, los participantes en el debate:

• Blas Galian. Environmental Lab & Sustainability Manager de HERO
• Begoña de Benito. Directora de relaciones externas y RSC de ECOEMBES
• Juan Carlos Valero. Periodista económico del ABC y Director de Relaciones Institucionales de dicho periódico en Catalunya
• Montserrat Lombardo. Regulatory Affairs Manager de UNILEVER
• Ricardo Fernández. Director de Calidad y Desarrollo Sostenible de CARREFOUR.
• Rosa Galende. Gerente Publicaciones AECOC
• Antonio Romero. Director de Economía Circular de MERCADONA
• Carlos Ruiz. Director asuntos públicos de Llorente y Cuenca

 

En abril de 2022 está previsto que entre en vigor la Ley de Residuos y Suelos Contaminados –LRSC– de la que cuelga el Real Decreto de Envases –RDE–, un documento que dibuja un escenario realmente retador para el sector del gran consumo. Y lo hace en un momento en el que muchas compañías todavía tratan de hacer frente a las consecuencias de la pandemia y a la inflación generada por la evolución del precio de la energía, las materias primas y el transporte, entre otros.

El documento se encuentra en este momento en periodo de consulta y las asociaciones y empresas del sector están presentando sus alegaciones al RDE, que previsiblemente será aprobado el segundo trimestre de 2022, tras la aprobación de la LRSC. Existe, por tanto, una ventana de oportunidad para trasladarle al Gobierno el punto de vista del sector sobre las cuestiones más críticas, que recientemente fueron debatidas por un grupo de destacados profesionales en un encuentro organizado por la revista C84 y TheCircularCampus, la plataforma de formación en economía circular de Ecoembes.

En el debate participaron Antonio Romero –director de economía circular de Mercadona–, Begoña de Benito –directora de relaciones externas y RSC de Ecoembes–, Blas Galian –Environmental Lab & Sustainability Manager de Hero–, Carlos Ruiz –director de asuntos públicos de Llorente y Cuenca–, Montserrat Lombardo –Regulatory Affairs Manager de Unilever– y Ricardo Fernández –director de calidad y desarrollo sostenible de Carrefour–, que fueron moderados por Juan Carlos Valero, periodista económico del ABC y director de relaciones institucionales de dicho periódico en Catalunya. Recogemos a continuación los principales mensajes del encuentro.

Principales impactos del RDE

Juan Carlos Valero: Desde vuestro punto de vista, ¿Cuáles son las principales implicaciones del Real Decreto de Envases?

Antonio Romero: a mayor implicación está en la reutilización, que comporta fuertes inversiones y cambios en los modelos productivos en la industria así como en nuestro modelo de comercialización. En Mercadona estamos tomando ya muchas medidas al respecto, ahorrando 180.000 toneladas de plástico al año gracias al uso de cajas reutilizables y estamos introduciendo también envases rellenables en cuidado personal, para cremas y geles de manos.

Otro punto clave de este Real Decreto es la prohibición de utilizar envases de plástico de un solo uso en frutas y verduras frescas en lotes de menos de 1,5 Kg. al mes de la entrada en vigor del RD. Se está demonizando un material con grandes propiedades al que bien gestionado se le puede dar una segunda vida.

Además, el RDE apunta al sistema de depósito, devolución y retorno de envases –SDDR–, y desde la distribución creemos que, además de solucionar el problema de las botellas, debemos apostar por sistemas que den solución a todos los tipos de envases que se comercializan. En España tenemos unos SCRAPs -sistemas de recogida selectiva colectivos- que llevan funcionando más de 25 años, que sabemos que son mejorables, pero que han ayudado a mejorar la concienciación del ciudadano.

Begoña de Benito: La transición hacia una economía circular debe abordarse sin dejar a nadie atrás. No podemos olvidar que, más allá del contexto macroeconómico, el tejido empresarial de nuestro país está formado en su mayor parte por pymes. Las grandes inversiones necesarias para abordar esta transición las podrán hacer algunos, pero muchos otros, la mayoría, no podrán hacerlas. Por eso, los tiempos para que todo el mercado pueda avanzar en esa dirección son muy importantes.

Esta normativa plantea un cambio de modelo productivo y también en la manera en que los ciudadanos consumimos. Y esto tiene enormes impactos. Todo lo que tiene que ver con la prevención, la reducción de material de envasado, la reutilización, la incorporación de material reciclado… implica una forma radicalmente diferente de hacer las cosas y conlleva costes importantes. Por otra parte, la responsabilidad ampliada del productor va más allá de lo que dicen las directivas europeas y responsabiliza al productor no solo de la recogida selectiva sino también de la limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; de la recogida de envases que están en la ‘basuraleza’. La responsabilidad ampliada del productor, que es exclusiva de España, daña la competitividad de nuestra industria.

Asimismo, los mayores objetivos de reciclado y de recogida selectiva también conllevan más costes. Todos somos conscientes de que la protección del medio ambiente cuesta dinero, pero hay que acompasar esos costes con los beneficios que tienen que llegar. La economía es una parte muy importante del término “economía circular”. Esto va a generar empleo, desarrollar talento, mover inversiones y empujar nuevos modelos de negocio. Pero, ¿en qué momento?

Montserrat Lombardo: El espíritu de la ley es bueno y coincide con el propósito de Unilever que es crear un mundo sostenible cada día. Pero esta legislación tiene un problema de desarmonización con Europa y está hecha en unos tiempos que no corresponden, ya que todavía se está trabajando en Europa la Directiva de Residuos de Envases, donde se establecerán los objetivos de reutilización, de reciclado…, con lo cual igual nosotros somos demasiado ambiciosos o poco. En este sentido, nos preocupa perder competitividad frente a otras industrias europeas que no tienen unos requisitos tan exigentes.

Nos inquieta que, sin tener aún el paraguas Europa, se esté diciendo que los envases tienen que ser 100% reciclables en el 2030, cuando todavía nadie sabe lo que significa “reciclable”. Además, esos productos reciclados tienen que tener una serie de certificados que solamente se pueden obtener en Europa. Sin embargo, vivimos en un mundo global, como ha demostrado la pandemia, y las certificaciones deberían poder ser otorgadas por certificadores de cualquier país del mundo, siempre que estén homologados, de acuerdo a las ISO y con reconocimiento mutuo de Aenor.

También nos preocupa todo lo que hace referencia al reciclado del plástico. En Unilever queremos que en 2030 los tensioactivos de nuestros detergentes sean renovables. Y renovables para nosotros significa que vengan de fuentes naturales, marinas o vegetales, de la recuperación de gases de la atmósfera o incluso del reciclado químico de los plásticos.

Estamos ante un cambio de paradigma total, que conlleva costes y requiere tiempo de adaptación de la industria y también de los consumidores. Y los tiempos actuales son súper-ambiciosos.

Blas Galián: A nosotros nos preocupa la responsabilidad ampliada del productor a los envases comerciales y los acuerdos que tendremos que firmar con aquellas entidades, como es el retail, que están gestionando su parte de embalaje comercial de una manera efectiva. Porque esta ley nos traslada su responsabilidad a nosotros, con lo cual tendremos que llegar a acuerdos para que sigan funcionando como hasta ahora y también para cubrir lo que el comercio minoritario deposita en los contenedores que gestionan los ayuntamientos. Por otra parte, se está hablando de objetivos de reciclabilidad cuando no está definido el concepto de reciclabilidad. Y esto no es baladí. Estamos trabajando en envases reciclables y no sabemos las pautas que les confieren ese estatus.

A título particular, nos afecta el cambio de algunos materiales, como el aluminio que utilizamos en uno de nuestros envases, ya que el uso de otros materiales puede afectar a la vida útil del producto, además de la inversión y el tiempo que estos cambios requieren.

Por otra parte, se exige al sector alimentario la utilización de material reciclado, pero la actual legislación de seguridad alimentaria solo permite el uso de rPET reciclado, no del resto de plásticos. Nosotros manipulamos 26.000 toneladas de envases y embalajes al año, de los cuales 21.000 son vidrio, y estamos trabajando con nuestros proveedores para que incorporen vidrio reciclado y no es fácil, porque aquí se produce mucho vidrio reciclado de color y nuestros envases son transparentes.

En términos de armonización europea nos estamos encontrando con una problemática muy concreta respecto al etiquetado con punto verde, que es obligatorio en unos países y está prohibido en otros. Esta es una dificultad enorme para una empresa global, como la nuestra, que tiene etiquetado trilingüe. La falta de armonización comporta ineficiencias y costes.

Otro aspecto que queremos saber cómo se va a abordar es el famoso artículo 34 que dice que tendremos que sufragar el 50% de la limpieza de vías públicas y las playas aun cumpliendo los objetivos. Es decir, nos ponen objetivos, los cumplimos y aun así nos penalizan.

Por otro lado, vemos positivo todo lo que hace referencia a la ecomodulación –diseño ecológico–. Por fin se considera y se valora la ecomodulación. El 96% de nuestros envases son reciclables, con lo cual cumplimos la ley y en utilización de material reciclado estamos en un 31%.

Si estas son nuestras preocupaciones como gran empresa, no quiero pensar para las pymes lo que puede significar este RD, que va a conllevar además una carga burocrática impresionante. ¡Se está hablando incluso de hacer declaraciones de punto verde a nivel autonómico! Nosotros vendemos nuestros productos, por ejemplo, a Carrefour central no a Carrefour Almería o a Carrefour Cáceres. ¿Cómo realizar esa trazabilidad para abordar esa declaración autonómica?

Ricardo Fernández: Debemos tener en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad: Económica, Social y Medioambiental para que la economía circular sea una realidad.

Según un estudio de Reclay Iberia, la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes tendrá un impacto de 2.000 millones de euros. El impacto del RD no lo conocemos todavía, pero creemos que va a ser también importante y va a impactar en el funcionamiento de la economía del país y en la competitividad de las empresas, particularmente de las pymes.

En Carrefour tenemos más de 900 productores locales y regionales que nos suministran 9.800 referencias, la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, estamos muy en contacto con el sector primario, muchas de las producciones de frutas y hortalizas del campo español son vendidas a otros países del Grupo en Europa. Compartimos la inquietud para dar respuesta conjunta a las exigencias legislativas en materia de economía circular.

Hemos de tener en cuenta que el envase tiene una doble función: contribuye a la seguridad alimentaria y reduce también el desperdicio alimentario.

El RD va en línea con los objetivos que como compañía nos hemos marcado a nivel Grupo. Nuestro compromiso de reducir 20.000 Tn de envases hasta 2025 y todos nuestros envases de marca propia serán reciclables, reutilizables o compostables en 2025. No obstante, nos preocupan:

• El SDDR. En España tenemos un sistema de recogida de envases que, aunque mejorable, funciona infinitamente mejor que en otros lugares de Europa. Por nuestra experiencia internacional creemos que hoy el SDDR solo va a aportar complejidad y costos.
• La reutilización, que también tendrá también su impacto. Habrá que analizar con rigor el saldo de la emisión de CO2 en el retorno del vidrio y el de hacer un vidrio que no sea retornable –que vaya al contenedor verde–.
• Necesidad de armonización de medidas a nivel europeo. Gran parte de nuestras marcas propias son fabricadas en España y suministradas en otros países del Grupo en Europa. Trabajamos en un mercado europeo y, por lo tanto, la regulación, los objetivos y los tiempos tienen que ser europeos, porque cualquier otra medida va a impactar, evidentemente, en la competitividad.

Carlos Ruiz: Las leyes se hacen para perdurar y pensando en el largo plazo, pero no se puede obviar el momento en el que se elaboran y entran en vigor. El contexto macroeconómico debe ser tenido en cuenta ya que se exige a las empresas grandes inversiones en un momento de gran incertidumbre económica, lo que puede generar cierto shock en los sectores productivos. Es verdad que hay una presión europea importante y que ya llegamos tarde para algunas de las medidas, pero las actuales circunstancias precisan de cierta flexibilidad. Por otra parte, el Real Decreto debería proteger la competitividad de las empresas. Una excesiva ambición, con toda la buena voluntad del legislador, puede generar una situación de disfunción respecto de otros estados europeos.

También genera ineficiencias la falta de unidad de mercado interior. Algunas comunidades autónomas se han adelantado ya a algunas medidas que contempla el RDE y entendemos que es un reto del Gobierno escuchar a las comunidades autónomas y armonizar medidas.

Por último, comentar que el RDE es un texto muy técnico y complejo que va a generar mucha burocracia. Abogamos por una simplificación administrativa que ayude a que las empresas a entenderlo y aplicarlo.

EN DEFENSA DEL MERCADO EUROPEO

Juan Carlos Valero: Habláis mucho de armonización de medidas, de mercado único europeo… ¿Qué es lo que os preocupa en concreto?

Antonio Romero: Nosotros tenemos presencia en España y Portugal y vemos que en cada país los tiempos normativos son distintos. Por ejemplo, en España se está trasponiendo una directiva de envases, que cuando esté aprobada probablemente nazca obsoleta porque ya desde la Comisión Europea se está trabajando en una nueva directiva de envases.

A todo esto se suman las normativas que surgen a nivel local. Lo que nos preocupa de la armonización es que en España estemos aprobando leyes, planes y estrategias en cada comunidad autónoma y que cada una de ellas tenga unos objetivos distintos. Se cruzan leyes de residuos con economía circular y con distintas ambiciones, algunas incluso superiores a la norma nacional.

Todo esto nos exige un sobreesfuerzo, primero para entender qué está pasando y, segundo, para cumplir las normas.

En este contexto, lo que pedimos a los legisladores –y creemos que es justo– es que nos escuchen, que entiendan cuáles son las necesidades y que de una manera centralizada nos den claridad y seguridad jurídica a las empresas, porque son decisiones que conllevan grandes costes.

Por tanto, la idea es: que Europa haga la normativa, y que España la transponga. Y, si se queremos ser más ambiciosos, no hay ningún problema. Hay que ser ambiciosos con el cuidado del medio ambiente, pero que esa ambición sea realista y coherente con lo que están haciendo las empresas, que llevamos muchos años trabajando en reutilización y circularidad. Por tanto, que no nos obliguen a imponer un modelo y que no hiper-regulen temas que están funcionando como toca.

En envases comerciales, nosotros llevamos más de 25 años gestionando ese pool de envases de manera eficiente consiguiendo más del 80% de reciclaje de todos los residuos que se producen en nuestra actividad comercial. Tenemos un modelo que funciona, con unas altas tasas de reciclaje y que hemos conseguido que sea eficiente; no hay porqué querer cambiar aquello que ya funciona. ¿Y por qué ese modelo tiene que ser distinto en Baleares, en Navarra y en la Comunidad de Madrid?

Necesitamos unidad de criterios en determinados procesos para asegurar que las empresas sigan funcionando y dando servicio como hasta ahora.

Begoña de Benito: Nosotros tenemos abiertos mensualmente alrededor de 30 o 32 procesos normativos –leyes, estrategias, planes de residuos…–. Al final, todo exige esfuerzo y costes, porque cada forma diferente de operar nos obliga a adaptar los procesos y la operativa. Parece que hemos olvidado ese principio que dice que la buena regulación es la que persigue un objetivo y consigue alcanzar ese objetivo, porque a veces hay normativas que son tremendamente incumplibles.

Desde mi punto de vista, los modelos tienen que adaptarse a las realidades. La única manera de operar en un mercado tan atomizado como el español es flexibilizando el modelo, pero esa flexibilidad tiene que tener un mínimo común denominador, que es lo que estamos perdiendo con esta fragmentación del mercado interior. Nos preocupa mucho la fragmentación del mercado europeo, pero el problema lo tenemos también en nuestra propia casa.

Carlos Ruiz: La agenda del Gobierno es ambiciosa, y hay unas directivas europeas que hay que cumplir, pero tenemos margen para encontrar puntos de acuerdo entre industria, distribución y Gobierno. ¿Qué hace falta? Diálogo y propuestas. Las organizaciones y las empresas tienen que ser propositivas en la conversación con el Gobierno, que me consta que lo están siendo. Al fin y al cabo, las empresas son las principales interesadas en que salga esta Ley. Lo que se pide es serenidad, diálogo y propuestas.

Begoña de Benito: Yo creo que ésta es una normativa muy técnica y a la vez muy política.

El debate técnico yo creo que no nos lleva a ningún lado. Tenemos que ser capaces de elaborar propuestas políticas que tengan en cuenta las sensibilidades de este Gobierno de coalición.

Ricardo Fernández: La cadena de valor tiene que ser escuchada. La colaboración público-privada debe basarse en la confianza. Es importante alcanzar los objetivos fijados, y la cadena de valor debe poder organizarse y tener la libertad para establecer las acciones para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, en la reducción del plástico en la categoría de frutas y verduras productores y distribuidores trabajemos de forma conjunta para dar la mejor solución a cada producto. Con seguridad el sector agrícola conoce mejor que nadie cómo tratar el producto y nosotros trabajamos juntos aportando nuestra visión del cliente.

Si toda esta legislación la complicamos con las normas autonómicas, es imposible de gestionar. La comunidad balear exigía, por ejemplo, que todos los envases secundarios fueran de un porcentaje X% de plástico reciclado. Pero un refresco no se fabrica en exclusiva para Baleares, sino para toda España, porque lo que tiene que haber objetivos nacionales.

Blas Galian: Baleares está enviando ya cartas de sanción a las empresas si no cumplen. Y después será La Rioja, Andalucía o Valencia. Con este marco normativo a la empresa le cuesta cumplir con todo esto. Las empresas tienen que hacer unas inversiones que le sirven para un sitio y para otro no son validadas. Y eso es difícil de trasladar a un consejo de administración. En nuestro grupo nos preguntan, ¿cuál es la legislación en España? Y tú les dices: “Hay una legislación para Baleares y otra para Valencia”, y no lo entienden.

Montserrat Lombardo: La armonización de medidas a nivel europeo es fundamental para nuestra actividad. De hecho, la falta de armonización en el etiquetado de los productos puede generar más residuos. En Portugal piden unas cosas; en Francia otras, sobre todo que no pongamos el punto verde. Esto es ineficiente, porque nos obliga a segregar y tener más envases diferentes, que si cambia la legislación tenemos que retirar. Necesitamos una armonización en todos los países europeos.

Blas Galian: Como dice Montse, el etiquetado con punto verde, obligatorio en unos países y prohibido en otros, presenta una dificultad enorme para una empresa global, como la nuestra, que tiene etiquetado trilingüe. La falta de armonización comporta ineficiencias y costes.

Por otra parte, insisto en la necesidad de consensuar una simple definición de reciclabilidad. La responsabilidad ampliada al productor otorga toda la responsabilidad al productor y en la reciclabilidad una parte muy importante la tiene también el reciclador final. Lo que está ocurriendo es que materiales que en Alemania son reciclables en España no lo son, por el sistema de tratamiento. Y es que la reciclabilidad de un envases implica a más actores, no solo al productor.

Begoña de Benito: En España hay envases que no se reciclan, porque no son económicamente rentables.

Aquí tenemos 96 plantas de selección de envases mientras que en Alemania tiene 15, y eso se traduce en economías de escala. Que aquí haya 96 plantas de envases no es responsabilidad del productor; es una decisión de la comunidad autónoma. El productor tiene que poder poner sobre la mesa criterios de eficiencia para poder llevar a cabo ese reciclado.

Blas Galian: Es curioso que haya envases que no se reciclan por un tema de rentabilidad –falta de volúmenes– mientras que al productor se le obliga a cambiar líneas de producción para hacer los envases más reciclables e incorporar material reciclado aunque no sea rentable.

Begoña de Benito: En el saco del productor no cabe todo. Y cuando hablo del productor incluyo también la parte de productor que tiene también el retail. En mi opinión, el sistema de recogida de residuos que tenemos en España, a través de un scrap, es un claro ejemplo de colaboración público-privada, que funciona porque los roles y responsabilidades están muy claramente repartidos. El productor financia un servicio de gestión de residuos que es municipal, el ciudadano colabora realizando la separación de envases y el reciclador hace también su función. Y yo creo que la nueva regulación se olvida del concepto de roles y responsabilidades. Se responsabiliza de todo al productor, incluso de que una lata de refresco o una bolsa de patatas estén tiradas en la calle…

Antonio Romero: n la gestión de residuos es fundamental la labor del ciudadano. Si las ordenanzas municipales no son capaces de perseguir ese mal comportamiento, las empresas tenemos ahí un importante papel para formar al ciudadano y darle herramientas para que separe correctamente los residuos en casa, ya sea colocando cartelería en nuestras tiendas, poniendo puntos de reciclaje de aquellos residuos que son más difíciles de valorizar, como son las cápsulas de café, etc. Tenemos que hacer más para que al ciudadano le cale el mensaje. Y en este ámbito Ecoembes tiene un rol fundamental que jugar. Porque hay una diferencia enorme entre una bala de plástico PET que sale de una planta de RSU –residuo solido urbano– a una que sale de una planta de selección de envases.

Juan Carlos Valero: El RDE contempla la puesta en marcha de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases –SDDR–. ¿Qué os parece esta iniciativa?

Antonio Romero: El SDDR tiene implicaciones para todos los agentes de la cadena. Cambian los procesos en la tienda, y nos convierten en un punto sucio donde el ciudadano viene a tirar sus envases de bebida. También implica cambios muy importantes en los hábitos del ciudadano, que tendrá que adaptarse, poner un contenedor más en casa y ser conscientes de que si no devuelven el envase perderán su fianza. Para nosotros como distribuidores todo esto implica más costes, más complejidad de gestión y de procesos. Por ello creemos que, aunque está demostrado que el sistema de depósito alcanza unas altas tasas de recuperación de botellas y latas, debemos buscar un modelo que trate de dar solución a cualquier tipo de envases. Alemania, por ejemplo, aunque declara una mayor recogida selectiva de botellas que en España, el dato que muestra Eurostat en el reciclaje global de sus envases, es inferior al de España.

Begoña de Benito: Poner en marcha un SDDR sería renunciar a la eficiencia generada durante 25 años. Y ¿para qué? Esos envases ya están en el contenedor amarillo… En Alemania tardaron 7 años en hacer que el sistema funcionara y hubo un gran impacto en las tasas de reciclado globales, porque con este sistema se pierde el reciclado de la lata de bonito, por poner un ejemplo gráfico. Además, el país que más recicla es Bélgica y lo hace como España. Los países que más éxito tienen en reciclado no tienen SDDR.

Montserrat Lombardo: En este tema lo que más nos preocupa es la implicación del consumidor; que el modelo sea viable y que el consumidor lo acepte.

Blas Galian: Desde nuestro punto de vista, para los envases domésticos el SDDR no creemos que sea lo más efectivo si tenemos en cuenta los costes logísticos, medidos en huella de carbono. En cambio, para los envases comerciales sí lo vemos viable y de hecho lo estamos aplicando, porque a nivel industrial se trabaja en ámbito local de manera que la logística inversa tiene menores costes logísticos y medioambien­tales.

Ricardo Fernández: Hay objetivos europeos que tenemos que cumplir y con el sistema actual de recogida estamos convencidos de que se van a alcanzar. ¿Por qué cambiar un sistema que funciona? Para el SDRR es necesario realizar una metodología de cálculo y un estudio riguroso con la participación del sector tanto en la diferenciación de objetivos como metodología de cálculo.