La excelencia ante los retos del futuro
España ostenta un liderazgo incuestionable en la producción de frutas y hortalizas, no solo dentro de la Unión Europea, donde ocupa la primera posición, con el 28% del total, sino también a nivel mundial, ya que es el séptimo productor del planeta. Con una producción media de 27,3 millones de toneladas anuales y un valor consolidado que ronda los 18.000 millones de euros, se puede decir que nuestro país cultiva con eficiencia y comercializa con proyección internacional.
En comunidades como la valenciana el peso del sector es aún más determinante: las frutas y hortalizas representan más del 70% de la producción vegetal y el 54% del valor agrario total, con un impacto económico de 1.900 millones de euros anuales. No es casualidad que esta región acoja eventos de referencia como el Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas, un termómetro de las tendencias y desafíos del sector.
Los grandes desafíos
Sin embargo, detrás de estas cifras hay desafíos colosales. Algunos de los más acuciantes son el cambio climático, la sostenibilidad, los acuerdos comerciales y la estructura del sector. El denominador común es que todos plantean interrogantes y requieren respuestas ágiles y estratégicas.
Sin duda, el cambio climático se ha convertido en una amenaza persistente y multifactorial. El aumento de fenómenos extremos, como las borrascas intensas, las prolongadas sequías o la devastadora dana que golpeó a Valencia a finales de octubre pasado, han dejado una huella tangible en muchas áreas del campo español. Solo entre 2022 y 2025 el sector ha tenido que defenderse de episodios meteorológicos adversos que han afectado a las cosechas y a los calendarios agrícolas.
La respuesta institucional ha sido rápida y cuantiosa. Desde ayudas directas, como el Real Decreto 347/2025 para compensar daños por sequía, hasta medidas específicas tras la dana con normativas como el RD-ley 7/2024 o la Orden APA/383/2025. Pero si bien estas iniciativas suponen un respiro temporal, la solución estructural pasa necesariamente por transitar hacia modelos productivos más sostenibles y resistentes, adaptados a las nuevas condiciones climáticas.
Sostenibilidad: entre la obligación y la oportunidad
En el plano medioambiental la Unión Europea ha dado un paso firme con la aprobación del Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases. La norma, que entrará en vigor en 2030, prohíbe el uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas en cantidades inferiores a 1,5 kg, salvo en casos de deterioro o contaminación.
Aunque esta medida busca armonizar la legislación ambiental europea, plantea desafíos evidentes para un sector que ha apostado fuertemente por la diferenciación a través de la presentación y el envase. La innovación en packaging, la trazabilidad del producto y la información al consumidor podrían verse limitadas y afectar especialmente a los productos con certificaciones ecológicas o de calidad diferenciada.
Consciente de esta problemática, España ya había regulado previamente esta cuestión mediante el Real Decreto 1055/2022. Gracias a una labor de interlocución destacada que desarrollamos desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se incluyeron excepciones significativas que permiten proteger variedades registradas, productos ecológicos o con indicaciones geográficas. No obstante, la entrada en vigor del reglamento europeo ha paralizado la aplicación nacional, a la espera de una lista definitiva de excepciones por parte de la Comisión Europea.
Por otra parte, las nuevas condiciones de la Política Agraria Común (PAC) también tienen en cuenta la necesidad de un creciente compromiso medioambiental. Las organizaciones de productores deben destinar al menos el 15 % de sus programas operativos a medidas sostenibles, con un mínimo de tres acciones concretas. Es un punto de inflexión en la estrategia productiva europea, porque la sostenibilidad ya no es solo una etiqueta verde, sino una condición para el acceso a las ayudas comunitarias.
El reto de la reciprocidad
Por otra parte, España es un importante exportador de frutas y hortalizas. Con más de 20.500 millones de euros en exportaciones en 2024, es líder en Europa y solo Estados Unidos la supera en el ámbito global. Este músculo exportador es, sin duda, un motor económico clave. Aún así, el sector alerta desde hace años –y con razón– de la competencia “desleal” que suponen las importaciones procedentes de terceros países que no respetan los estándares europeos.
Los productores comunitarios están sujetos a normativas estrictas en cuanto a sostenibilidad, bienestar animal, condiciones laborales o uso de fitosanitarios. No así muchos de sus competidores extracomunitarios. Aquí es donde entra en juego el principio de reciprocidad, también conocido como “cláusulas espejo”, que este Gobierno defiende y que yo mismo he planteado en Bruselas en numerosas ocasiones.
La Comisión Europea, que tiene competencia exclusiva en materia de comercio, ha comenzado a atender esta demanda. En paralelo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa medidas de transparencia para mejorar la toma de decisiones del sector.
Concentración y organización: fortaleza colectiva
El otro gran eje de transformación del sector pasa por su organización. Aunque más del 50% de la producción hortofrutícola española ya se canaliza a través de organizaciones de productores, aún queda margen de mejora. Estas entidades no solo permiten acceder a las ayudas europeas que suponen más de 300 millones de euros anuales para España, sino que también facilitan la planificación estratégica, la inversión colectiva y la defensa conjunta ante situaciones de crisis.
Durante la negociación de la actual PAC (2023–2027), España defendió mantener un modelo sin techo presupuestario para las ayudas al sector hortofrutícola a través de las organizaciones de productores. La defensa de este sistema continuará en la próxima revisión de la PAC, prevista para finales de 2025.
Además, se han reforzado las directrices medioambientales y se han ampliado las acciones elegibles para los programas operativos, con la consiguiente concentración de la oferta. También se ha revisado la legislación nacional para facilitar el reconocimiento de nuevas organizaciones y asociaciones de productores, clave para afrontar el futuro con estructuras más cohesionadas.
Un futuro exigente lleno de oportunidades
El sector hortofrutícola español se encuentra, sin duda, ante un cambio de ciclo. Ya no basta con producir más o exportar mejor, además hay que hacerlo de manera sostenible, coordinada y adaptada a las nuevas necesidades climáticas. El reto no es menor, pero el punto de partida es excepcional.
Pocas economías agrarias en el mundo pueden presumir del nivel de competitividad, innovación y calidad alcanzado por España. El verdadero desafío está en sostener ese liderazgo en un contexto global más exigente, sin perder de vista las demandas sociales, ambientales y económicas que marcarán el futuro de la alimentación.
En este contexto, la fórmula del éxito será una suma de factores: más sostenibilidad real, más organización colectiva, más reciprocidad en el comercio y más diálogo constante entre administraciones, productores y consumidores. Porque el campo español, además de dar de comer a Europa, tiene aún mucho que enseñar.
FOCOS DE ACCIÓN
La sostenibilidad. Ya no basta con producir y exportar más, sino que además hay que hacerlo de forma sostenible. Estamos ante un cambio de ciclo.
Reciprocidad para competir. Los productores comunitarios piden que los productos importados cumplan los mismos estándares exigidos a los nacionales.
La organización del sector. Facilita la planificación estratégica, la inversión colectiva y la defensa conjunta ante situaciones de crisis.
